He leido y acepto el Aviso legal

Close

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Ver articulo completo.

INFORMACIÓN - El "desinterés" superior por el menor.

2013-11-14

La gestión de la enseñanza en la Comunidad de Madrid, tiene un ejemplo llamativo, que contiene una importante violación de las Leyes. Se trata de la situación escolar que en Arganda del Rey sufre un gran número de menores, y de la responsabilidad que sobre dicha situación tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y especialmente la Consejería de Educación.

 

Al respecto, partimos de los derechos fundamentales que tienen reconocidos los menores. La dignidad del menor, es un derecho objeto de protección "especial", prioritaria, y dotado con un superior peso relativo en relación con otros derechos subjetivos. Lo anterior, viene regulado insistentemente en las normas.

  • Se expresa claramente en el Principio II, de la Declaración de los Derechos del Niño (UN, 1959), que proclama: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño.".
  • Principio VII, III: "El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.".
  • Y Principio VIII: "El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.".
  • También como dispone la Comunidad de Madrid en el artículo 3. a) de la Ley 6/1995, el Gobierno actuará para "Primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo concurrente,…".

 

Ya, a nivel autonómico, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, que regula "de forma integral, la actuación de las instituciones públicas o privadas de la Comunidad de Madrid, en orden a procurar la atención e integración social de los menores en todos los ámbitos de convivencia, favoreciendo su desarrollo de forma integral y buscando el interés superior del menor."

  • Se regula como principio de actuación, que destacamos inicialmente, el de fomentar "los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución.". Artículo 3. f.
  • Se velará para que se contemple "su entorno más próximo". Artículo 15. 1. a).
  • Se respetarán los principios de plena integración educativa, cultural y social. Artículo 30. 1.
  • "Se propiciará la integración y normalización de la vida del menor en su medio social.". Artículo 48.

 

En relación con la infraestructura, la Comunidad Autónoma de Madrid, establece en la susodicha norma, los Principios de colaboración interadministrativa y de prioridad presupuestaria (artículos 5 y 6), con alcance al debido equipamiento, y favorecimiento de la creación de centros (centros infantiles), o suficiente número de plazas. Así mismo se obliga al Gobierno a velar para que "los planes urbanísticos o normas subsidiarias contemplen las reservas de suelo necesarias. Artículos 13, 14 y 22.

 

En relación con la responsabilidad que las leyes atribuyen a los Gobiernos territorialmente competentes, se destaca lo siguiente:

 

  • En los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se recoge que los Estados Partes, "se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (…) y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.", que asegurarán que "las instituciones, servicios y establecimientos encargados (…) cumplan las normas establecidas (…) especialmente en materia de seguridad, sanidad,…" y que adoptarán "todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención (…) hasta el máximo de los recursos de que dispongan".

 

El caso del Centro de Educación San Juan Bautista, en Arganda del Rey, cerrado recientemente por riesgo derrumbe, viene denunciándose desde hace más de cuatro años, precisamente por el estado del edificio, confirmando su cierre, por notoriedad, la razón de las denuncias que se han venido manifestando.

 

El traslado a otro colegio ( a más de 12 kilómetros de distancia), temporalmente hasta final de este curso escolar, parece el final de una cadena de incumplimientos de la normativa antes reseñada.

 

No se trata sólo de cómo se puede entender el fomento del valor de la solidaridad, cuando el Gobierno autonómico ha desatendido flagrantemente el principio de prioridad presupuestaria en materia de menores (de necesaria vigencia legal), ni de preguntarse por cuáles son los valores que se están transmitiendo con el incumplimiento por más de cuatro años de los principios y derechos tan consagrados universalmente en materia de menores. Nosotros nos preguntamos qué clase de responsabilidad se detenta cuando el interés de los menores afectados ha tenido tan poco valor los últimos cuatro años y qué otros intereses han prevalecido.

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

[x] cerrar