LEGE FERENDA - JUSTICIA PÚBLICA UNIVERSAL

"Un derecho vulnerado, un derecho a un juicio"

La Justicia, por razones históricas, tiene un poder debilitado y el excesivo coste de sus servicios privados, impide que actúe efectivamente y garantice el equilibrio del Estado. Si desde el abogado hasta el juez, el servicio prestado fuese público, la práctica jurídica encontraría el vigor de un verdadero Poder del Estado

Una JUSTICIA PÚBLICA UNIVERSAL supone que toda persona pueda disponer de los adecuados servicios profesionales para ejercitar el derecho a la tutela judicial efectiva; supone el derecho a que cualquier necesidad de defensa jurídica o cualquier demanda de derechos vulnerados, pueda ser eficazmente planteada por el interesado ante el Poder Judicial, según un sistema sostenible y con cargo a fondos públicos.

El acceso universal a los Juzgados y Tribunales se justifica en un derecho político y es la manifestación más primaria y originaria de la Justicia. La Justicia siempre permanecerá prisionera si se sujeta al capricho de las eventualidades económicas del afectado y su caso. Es más libre una Justicia cuyas pesadas puertas se abren con dinero público, que una Justica mayormente accesible con dinero privado, a unos precios muy exclusivos, incluso en ocasiones insostenibles para los ciudadanos más pudientes.

La mayor parte del esfuerzo que conlleva la reclamación de derechos se sostiene con fondos públicos (jueces, fiscales, secretarías judiciales, policía judicial, edificios, comunicaciones, etc.); atendiendo a este sector, sería indiferente que el valor económico de la reclamación en cuestión sea 20 ó 20 mil euros o nada: lo que es verdaderamente importante es la Justicia y su respeto. Ahora bien, que lo Justo sea lo importante, deja de ser así desde que el ciudadano que quiere reclamar, tiene que costearse abogados, procuradores y peritos (únicos operadores que no pertenecen al sistema público). ¿Cuántos ciudadanos van a querer pagar los servicios profesionales para reclamar algo que vale 20 ó 400 euros o nada? Esta subordinación a los precios invierte y desnaturaliza las prioridades de la Justicia: lo que en definitiva la condiciona pasa a ser la cuantía de lo que se reclama y lo indiferente, la Justicia, su respeto y el mismo hecho infractor. ¿Cuánta injusticia se aprovechará de esta disfuncionalidad del sistema del Poder Judicial? Así, mucha injusticia, siempre se ha refugiado en los abusos cuya demostración exige un coste profesional más alto que el valor de lo ilícitamente obtenido; también se ha refugiado en los beneficios obtenidos mediante ilícitos y fraudes diferenciales (que integrados suman mayores cantidades de dinero)

Para cumplir con el superior valor de la Justicia es imprescindible incluir en la función pública las categorías de abogados, procuradores y peritos y extender su ámbito de protección universalmente.